lunes, 15 de septiembre de 2008

Informe Reservado y un articulo interesante.

EL TEMA DEL MOMENTO, EL TEMA DEL PASADO




En medio de un nuevo conflicto entre Argentina y los Estados Unidos derivado de las versiones que llegan desde la ciudad de Miami, lugar donde se lleva adelante un proceso judicial por espionaje contra supuestos agentes o colaboradores de la inteligencia venezolana, mas conocido como “el valijagate”, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hay quienes creen ver una maniobra política para desestabilizarlo, detrás de la cual se ocultan sectores del poder norteamericano que no comulgan con las políticas del oficialismo. El Departamento de Justicia y el Federal Bureau of Investigation, FBI, en el centro de las sospechas. Algo que no es nuevo. Y sino, hagamos un poco de memoria.SÓLO ESPIONAJE ILEGALA medida que trascurren los días, desde Casa de Gobierno estarían más convencidos sobre que la imputación fiscalizada por Thomas Mulhivill en relación a que la valija de Antonini Wilson estaba destinada a la campaña de Cristina Kirchner, se trata de una operación política por parte del Gobierno norteamericano. Para comprenderlo, no más basta con apreciar que una vez que se resintió innegablemente el vínculo bilateral, desde Miami, la acusación formal elaborada por el fiscal Alex Acosta eliminó de su texto las referencias que la declaración jurada realizaba sobre nuestro país. En criollo suele decirse que es como tener “cola de paja”.Por su parte, los fiscales deben enfrentar el desafío brindado por los dos primeros acusados que declararon ser inocentes, rechazando los cargos. Desde el Washington Post, se advirtió que la política norteamericana en lo que respecta a nuestro país, quedaría dañada si no se demuestran las imputaciones iniciales. Sobre todo si no existieran grabaciones con las amenazas de los supuestos agentes venezolanos contra Antonini.A la hora de hablar de independencia de poderes, es de destacar que el fiscal Alex Acosta, Jefe de Thomas Mulvihill, mantiene un fuerte “lazo político” con el Gobierno de George Bush. Su padrino es el Presidente de la Corte de los Estados Unidos, Samuel Alito, nominado por Bush para ese cargo. La elevada retórica desde nuestras pampas, pudo haber producido un cambio en la fiscalía de Miami, a tal punto que la causa quedó solamente supeditada a la posibilidad de espionaje ilegal.En Balcarce 50 nadie le otorga ni la mas mínima cuota de verdad a la supuesta confesión por parte del Subsecretario para América Latina, Tom Shannon, a un periodista en Miami: “Me hubiera encantado conocer la acusación del fiscal tres horas antes que la prensa para poder evitar que la relación con la Argentina se agriara de ese modo”.Resulta realmente difícil de creer que la embestida de los fiscales no estuviera en conocimiento de Washington. El poder político norteamericano, con los antecedentes anteriormente mencionados, podría haberla testeado a través del responsable de los asuntos de la región del Departamento de Justicia y el Consejo Nacional de Seguridad, Dan Fisk. Para comprender el grado de complicación suscitada, debe considerarse que Shannon debió suspender su viaje a Buenos Aires y el Embajador Anthony Wayne fue “acorralado”, no pudiéndose contactarse con otros funcionarios que no pertenezcan a los de la Cancillería. Aunque a su favor puede decirse que ellos no definen la política del Departamento de Estado de su país. Junto a Condoleezza Rice se encuentra el influyente Subsecretario Negroponte. Ex embajador en Naciones Unidas y titular de la Agencia Nacional de Inteligencia, Negroponte es señalado como todo un duro. El apartamiento de Lino Gutiérrez, anterior Embajador, después de la Cumbre de Mar del Plata, habla de ello. Distintos analistas sostienen que para vaticinar los días por venir en la relación dada entre EEUU y Argentina, hay que posar la lupa sobre él.VALIJAS EN TRANSITOUna versión acerca de los u$s 800.000 portados por Antonini Wilson, despierta adherentes en distintos sectores, Gobierno incluido, a partir de la explicación a interrogantes hasta hoy, sin respuesta. Dicha versión indica que la valija de Antonini, no sería más que otra de las que circularían en los negocios no declarados de la llamada burguesía venezolana, arribando a nuestras tierras frente a una hipotética triangulación por el fuel oil, o “en tránsito” como se también se mencionó, al Uruguay, la Suiza rioplatense, paraíso de capitales “non santos” de estas latitudes. Es muy firme el rumor que indica que Antonini sería testaferro desde hace dos años, de la burguesía venezolana de Venoso. Para tener en cuenta es que anteriormente, pasaba sus días viviendo modestamente en un departamento cito en el mismo edificio del que su padre era el portero o encargado.Una vez sorprendido Antonini con la inspección en el Aeropuerto, y ya de regreso a Miami, el FBI comienza con su acostumbrada labor para estos casos: acoso mediante amenazas de divulgación de datos inconvenientes sobre su familia, después de haberlo grabado durante varios días. Cercado, Wilson decide colaborar.La conocida amenaza por parte de sus socios o quizás jefes de la burguesía mencionada, no sería más que una explicación para atemorizarlo y generar de esa forma, que no hable. En ese momento, y para impresionarlo, le habrían dicho que se iba a meter en un gran lío si abría la boca porque la valija que llevó a Buenos Aires no era de un negocio común, como los antes señalados, sino que eran fondos de Hugo Chávez destinados a Kirchner. De esta manera, se explica en esta versión, por qué el 23 de Agosto de 2007 los venezolanos le habrían develado a Antonini el origen y destino de los 800.000 dólares, poniéndolo en riesgo de comprometer a los Gobiernos de Argentina y Venezuela. Es de destacar que de resultar cierta esta versión, varios norteamericanos la celebrarían por demostrar que el Gobierno venezolano interviene en otros países merced a sus generosos recursos, más allá que la Argentina no tenga nada que ver con el asunto.Más allá de esta visión sobre lo ocurrido, no se puede dejar de señalar que la causa que se sigue en Miami tiene un efecto muy negativo para la política diseñada desde Balcarce 50. Desde el Gobierno se tendría tal conciencia de ello que muy probablemente, la participación del ex Presidente Kirchner en la operación de rescate de rehenes de las FARC, persiguiera además del objetivo conocido, darle a la relación con la nación bolivariana una actualidad que fuese mas allá del investigado destino de los dólares.¿PALADINES DE LA JUSTICIA O NEGOCIADORES SEGÚN CONVENIENCIA?Si algún desprevenido cree, influenciado por largometrajes norteamericanos o por declaraciones de políticos argentinos que solo buscan resucitar luego de las elecciones de Octubre, que la justicia penal en Estados Unidos es como ocurre en sus películas o series de televisión, donde le es brindado a todo sospechoso de algún delito la posibilidad de un “juicio justo” como dicta la propia Constitución norteamericana, quizás se encuentre bastante equivocado. La propia Elisa Carrió señaló días atrás, apenas “reinstalado” en los medios el caso Antonini Wilson, que “la tesis de la conspiración esgrimida por el Gobierno es ridícula. No hay ninguna conspiración porque la justicia norteamericana es independiente. Que los ladrones los ladrones acusen al imperialismo es ridículo”. Pero no se quedó allí, continuó: “Gracias a Dios este expediente de la justicia americana sigue, porque si esa causa la tramitara la justicia argentina no pasaría nada”.Las impresionantes escenas apreciadas en pantalla en las que ante un acusado, un jurado imparcial considera la situación que exponen los destacados equipos de juristas (acusadores y defensores), y decide, condenando o no, fijando la pena correspondiente a través un juez justo, o declarando inocencia, y el fiscal admitiendo su error, en realidad puede ser nada más que una gran escena del mercado del entretenimiento. Cuando a partir de que el fiscal de Miami Thomas Mulvinhill, con información secreta que le proporcionó el FBI, anunció que Antonini Wilson fue presionado por supuestos agentes venezolanos para transportar irregularmente dinero para la campaña de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y La Nación tituló "Por fin, ahora se conocerá la verdad", permítannos dudar.Destacadísimos juristas y criminólogos mundiales han estudiado la realidad de la justicia penal estadounidense y han quedado mas que asombrados frente a lo descubierto. Sin ser especialista en la materia, sabemos que para ser declarado culpable de un delito, se requiere que haya de por medio un juicio justo. Un fiscal fundamentará su acusación, el imputado tendrá derecho de declararse inocente sin condicionamientos ni extorsiones y contando con la posibilidad de defenderse adecuadamente, un tribunal independiente que considere las pruebas y decida con la mayor objetividad. Según muchos analistas, en EEUU, no es así. Uno de los más importantes criminólogos contemporáneos, el noruego Nils Christie, publicó un riguroso estudio del sistema penal de los Estados Unidos titulado: "LA INDUSTRIA DEL CONTROL DEL DELITO - ¿La nueva forma del holocausto?". En él, entre otros datos escalofriantes, pone en evidencia que la pregonada "colaboración del acusado" en las investigaciones criminales, funciona en la realidad como un medio para incrementar “la producción” de presos a ingresar, en un sistema penitenciario que genera ganancias a las empresas privadas concesionarias de ese "servicio". Y además, son un mecanismo propicio para OPERACIONES POLÍTICAS. El mecanismo de la ley procesal conocido como “plea bargaining” (pedido de negociación o regateo, en castellano), se acciona frente a la sospecha de la comisión de un delito por parte de un individuo. Un fiscal cree que tiene elementos para probarlo aunque el imputado puede afirmar su inocencia. Allí se pone en funcionamiento. Se le hace saber al detenido que si insiste con su inocencia y da lugar al juicio, el fiscal estará seguro que podrá probarle por demás al delito por el cual se lo sospecha, agregándole posiblemente otros delitos. Si por el contrario se declara culpable, el fiscal solo pedirá pena por ese delito exclusivamente. Aquí, juega un papel preponderante la suma de penas. En la mayoría de los casos y frente a tal disyuntiva, el acorralado detenido que está seguro de ser inocente y quiere tener derecho a su juicio justo para probarlo, como dice la Constitución de los Estados Unidos, suele aceptar una condena leve y no arriesgarse a que pidiendo juicio, con buenas o con malas artes, el fiscal logre convencer al jurado de que además es autor otros graves delitos por demás al que ya es acusado. Tras el acuerdo, se cierra la película perfecta: el fiscal se comporta como si hubiese resuelto el delito, el preso hace como si lo hubiese cometido para evitar mas años de cárcel, y el poder judicial hace como si hubiese administrado justicia. Según indican distintos analistas, todo el sistema sirve para que siga funcionando el servicio privado de cárceles, que genera una actividad económica millonaria en insumos de control. El autor citado, señala: "Según la declaración de derechos de la Constitución de los Estados Unidos, todos los estadounidenses acusados de haber cometido un delito tienen derecho a ser juzgados por un jurado imparcial. En el mundo real, casi ningún acusado hace uso de este derecho. Más del 90 por ciento se declara culpable. Si esto no fuera así, y aunque sea un pequeño porcentaje de ellos no se declarara culpable, el sistema judicial entero de los Estados Unidos se paralizaría completamente. Pero ¿por qué se declaran culpables? Porque no pueden correr el riesgo de declararse inocentes. El mecanismo que asegura esta fabulosa colaboración del acusado se denomina plea bargaining. Cuando el fiscal cree que puede probar que el supuesto delincuente cometió los actos A, B, C y D, le promete que sólo va a acusarlo de los actos A y B si el acusado se declara culpable de estos actos. De esta manera a los estadounidenses no se los condena por lo que hicieron, sino por lo que acuerdan con el fiscal que van a revelar en el juicio…"Dicho sistema, no resulta otra cosa mas que una “negociación” sostenida bajo extorsión, por un lado para evitar el colapso del sistema judicial estadounidense, y por otro, para evitar por parte del acusado que cayó en esta trampa, años de injusta prisión. Teniendo en cuenta todo lo descripto, ¿qué seguridad nos puede ofrecer el fiscal Thomas Mulvinhill en sus declaraciones sobre lo que supuestamente afirmó Antonini Wilson, o lo que se afirmó del preso uruguayo y los venezolanos? ¿Qué confianza puede merecer una declaración basada en una “negociación”? Por otra parte, habiéndose también conocido declaraciones del Presidente y del Vicepresidente de la Asociación de Abogados Defensores Penales de Florida, Miami, lugar donde se desempeña Thomas Mulvinhill, en relación a la falta de independencia a la hora de las designaciones de los fiscales y refiriéndose puntualmente a la de él, ¿con qué garantías se cuenta de que no se trata de una gran maniobra política?

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Patricio Jose Maguire

Fue Miembro de Número de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina, dependiente del Episcopado.
Egresado de la Escuela de Defensa Nacional.
Actuó como Investigador en el prestigioso Instituto de Investigaciones Históricas "Emilio Ravignani", de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.